El gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer el 12 de agosto la versión final de una polémica regla que aumenta dramáticamente la capacidad de las autoridades de rechazar la residencia legal o green card a inmigrantes que usen programas públicos como las llamadas estampillas de comida, asistencia para la vivienda y Medicaid, porque serán considerados como una carga pública.

Según analistas, la nueva regla está enfocada en castigar a los pobres, pues vincularía el estatus migratorio de una persona con sus ingresos y el uso de ciertos programas públicos.
El gobierno cambió la manera de interpretar esta ley de carga pública hace más de hace un año. Lo hicieron tomando en cuenta factores como la salud, la educación, las condiciones médicas, los ingreso, etc. A este análisis se llama: tomar la totalidad de sus circunstancias, lo cual es más arbitrario que como anteriormente determinaban una carga pública, dijo a La Noticia el abogado de inmigración Andrés López de The Lopez Law Firm, PLLC.
La norma se publicará en el Registro Oficial el 14 de agosto y entrará en vigencia 60 días después, es decir el 14 de octubre.

Carga pública

Según la nueva norma, la regla define el término carga pública para referirse a una persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses, en conjunto, dentro de cualquier período de 36 meses (por ejemplo, si recibe dos beneficios en un mes, esto cuenta como dos meses de haber recibido ayuda). La regla define además el término beneficio público a los programas: Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayoría de las formas de Medicaid y ciertos programas de vivienda.
Sin embargo la regulación excluye de esa definición a: beneficios públicos recibidos por las personas que están en servicio activo en las fuerzas armadas, sus cónyuges e hijos; beneficios públicos de niños que adquieren la ciudadanía estadounidense; Medicaid para inmigrantes menores de 21 años y mujeres embarazadas; Medicaid para servicios basados en la escuela, y beneficios de Medicaid para servicios médicos de emergencia.

Ya está siendo usada

Datos internos del Departamento de Estado señalan que el número de negaciones por carga pública para solicitantes de todas las naciones aumentó durante el año pasado.
Mientras en el año fiscal 2016 el gobierno negó 1,033 visas de inmigrante usando la norma de carga pública, en los que va del año fiscal 2019 esta cifra se disparó a 12,179 rechazos.
Uno de los grupos más afectados fueron los inmigrantes mexicanos, entre el 1^ro de octubre del 2018 y el 29 de julio del 2019, el gobierno negó visas a más de 5,300 solicitantes por ser carga pública, en contraste con lo 7 a quien se les negó la visa en el 2016 por esta razón.