Jueces federales en tres estados bloquearon temporalmente la política del presidente Donald Trump de negar la residencia (Green card) a inmigrantes que usen programas públicos como: Medicaid, o cupones de comida, dando un golpe a una de las medidas más agresivas del presidente Donald Trump para frenar la inmigración legal.

Las decisiones de los magistrados de California, Nueva York y Washington se produjeron en rápida sucesión, solo cuatro días antes de que la nueva regla llamada de carga pública entrara en vigencia, lo cual estaba previsto para .

Los jueces se pronunciaron a favor de 21 estados y el Distrito de Columbia, que impugnaron la política de la Casa Blanca, casi inmediatamente después de que se anunciara . La norma permitía al servicio de inmigración negar beneficios migratorios, incluso la residencia legal permanente (green card) a extranjeros que utilizan ayudas públicas, tal como cupones de comida, asistencia médica o ayuda para el pago de la vivienda, entre otros.

Norma ilógica

El juez federal de distrito de Nueva York, George Daniels, dijo que la nueva regla de carga pública buscaba redefinir las leyes migratorias con un nuevo marco que no tenía lógica, agregando que permitir que la política entre en vigencia ahora, tendría un impacto significativo en los residentes respetuosos de la ley que han venido a este país para buscar una vida mejor.

De la noche a la mañana, la regla expondrá a las personas a la inseguridad económica, la inestabilidad de la salud, la negación de su camino a la ciudadanía y la posible deportación, escribió el juez Daniels. Es una regla que castigará a las personas por recibir los beneficios proporcionados por nuestro gobierno, y los desalienta de recibir legalmente la asistencia disponible destinada a ayudarlos a convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad.

Se espera apelación

Ken Cuccinelli, director interino del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) expresó su confianza en que la administración eventualmente logrará aplicar la norma, como parte de una política para garantizar que quienes se instalan en Estados Unidos puedan mantenerse económicamente.

Pese a que la norma estaba por entrar en vigencia esta semana, datos internos del Departamento de Estado señalan que el número de negaciones por carga pública ya ha sido aplicada para solicitantes de visas, de hecho estas negaciones aumentaron durante .

Mientras en el año fiscal el gobierno negó 1,033 visas de inmigrante usando la norma de carga pública, en los que va del año fiscal esta cifra se disparó a 12,179 rechazos.

Uno de los grupos más afectados fueron los inmigrantes mexicanos, entre y , el gobierno negó visas a más de 5,300 solicitantes por ser carga pública, en contraste con los 7 a quien se les negó la visa en por esta razón.